Los días 8 y 9 de noviembre, las socias de CICrA Justicia Ambiental presentamos las principales conclusiones de nuestro nuevo estudio “Injustícia ambiental, crisi climàtica, aigua i migracions. Estudi de casos” en el marco del “Cicle de cinema documental sobre Migracions ambientals”. Este estudio, al igual que el ciclo de cine, ha sido impulsado por Ecologistes en Acció y Enginyeria Sense Fronteres.
En el estudio analizamos cuatro casos: Sant Louis en Senegal, Cartagena (Bolívar) en Colombia, los pueblos inuit en Estados Unidos y Canadá, y el delta del Mekong en Vietnam. Profundizamos en los movimientos de población que están teniendo lugar en estos países y que han sido inducidos por la degradación ambiental, los desastres y la crisis climática, en conjunto con otras causas estructurales. Pusimos especial énfasis en la visibilización de las afectaciones relacionadas con el agua, así como en la identificación de las estrategias de resistencia de la población afectada. En todos los casos observamos la complejidad y la multiplicidad de causas de los movimientos de población en el contexto de la crisis ambiental global, así como su carácter interno.
En Saint Louis (Senegal), hay zonas antes habitadas que ya están sumergidas bajo las aguas del océano. La población, además, se está viendo afectada por las consecuencias de la construcción de un canal que empeoró la situación y por la sobreexplotación pesquera. Algunas personas han tenido que trasladarse al interior del país, otras viven ahora en albergues temporales en muy malas condiciones y otras buscan una vida mejor más allá de las fronteras senegalesas. Una estrategia que está utilizando la población afectada es la de visibilizar las complejas situaciones a las que se enfrentan a través de vídeos publicados en internet, en redes sociales y otros medios de comunicación para conseguir apoyo nacional e internacional.
En Colombia, los efectos adversos de la crisis climática se suman a otras afectaciones en el territorio y que han ocasionado movimientos de población, principalmente de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, como la contaminación y degradación de los ecosistemas. Al respecto, cabe destacar que Colombia es uno de los países con más presencia de empresas transnacionales con matriz española. La mayoría de ellas involucradas en sectores estratégicos como la electricidad, los hidrocarburos, la telefonía, la construcción, la banca o, como es el caso de la empresa de capital mixto ACUACAR, la gestión del agua.
En la región ártica, los pueblos Inuit están teniendo que hacer frente al deshielo del permafrost y a la elevación del nivel del mar, pero también a los incendios y a las consecuencias nefastas de las industrias extractivas. En estas regiones, las poblaciones a menudo se ven obligadas a reubicarse. Según la base de datos Global Mapping: Leaving Place, Restoring Home, en las últimas décadas, como mínimo, se han llevado a cabo 27 procesos de reubicación de comunidades Inuit en el estado de Alaska, entre los cuales solo 9 han sido concluidas. El pueblo Inuit es un pueblo políticamente activo y comprometido con la defensa de sus derechos. Además de su papel activo en el diseño e implementación de los programas institucionales de reubicación, ha demostrado una enorme capacidad para desplegar estrategias políticas y jurídicas, a escala nacional e internacional, que, como mínimo, ha permitido visibilizar su caso mundialmente y hacer de su problema un asunto internacional.
En el delta del Mekong, en Vietnam, las poblaciones campesinas están presenciando cómo las inundaciones cada vez más intensas afectan la productividad de los cultivos de arroz y ponen en jaque su seguridad alimentaria. En este país, las reubicaciones de población para evitar los daños de las inundaciones también son frecuentes. Asimismo, la construcción de grandes proyectos ha expulsado a muchas personas de sus hogares. Por ejemplo, para la construcción de la presa hidroeléctrica Sonido’n La, en el Río Negro, se desplazaron cerca de 91.000 personas, la mayoría pertenecientes a minorías étnicas indígenas.
Además de estos casos, en el estudio analizamos la situación en el delta del Ebro, el Mar Menor y Siurana. Estos tres lugares también están experimentando graves situaciones de riesgo socio-ambiental en las que se combinan importantes procesos de degradación ambiental, crecientes impactos de la crisis climática y una gestión de la planificación territorial que pueden tener impactos demográficos significativos en términos de la movilidad humana.
A modo de conclusión, nos gustaría remarcar, al igual que lo hacíamos en el artículo sobre el informe publicado en el blog de ISF en El Salto, que la crisis ambiental global es fruto, directa e indirectamente, de las actividades humanas y en particular de aquellos países y grandes empresas transnacionales que han alterado el planeta Tierra, se han adueñado de la atmósfera común y están afectando la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua y la subsistencia de miles de comunidades, pueblos y hogares en todo el mundo. Por eso es indispensable que, desde las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y también desde el ámbito académico se reconozca la importancia que tiene el reconocimiento jurídico y político de la movilidad humana inducida por factores ambientales y climáticos.
El estudio se puede descargar aquí.
