Las inversiones anunciadas durante los últimos meses por el gobierno español para la ampliación del aeropuerto de Barcelona – El Prat y Madrid – Barajas han puesto de manifiesto el debate existente en torno al desarrollo de este tipo de infraestructuras
Quienes defendían la ampliación del aeropuerto de El Prat, parte del empresariado catalán y Gobierno central, apostaban por aumentar el número de personas y mercancías que mueve la terminal catalana a fin de convertirlo en un “Hub” internacional. Contrarios se han mostrado, en cambio, el Ayuntamiento de Barcelona y otros municipios de la zona, así como organizaciones de vecinas, ecologistas y de justicia global. El ruido y otras molestias propias de la actividad, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o la destrucción de parte del delta del Llobregat, espacio natural protegido catalogado como Red Natura 2000, y la perpetuación de un modelo económico basado en el turismo de masas son los argumentos esgrimidos para oponerse al proyecto. La Generalitat, entre ambas posiciones, ha sido favorable a la ampliación del aeropuerto, pero finalmente se ha opuesto al proyecto presentado por el Gobierno central por el impacto ambiental que conllevaría.
Ante el rechazo social y político que suscitó, este macroproyecto fue finalmente suspendido en septiembre de 2021. El debate sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona- El Prat o, más recientemente sobre la ampliación del aeropuerto de Girona-Costa Brava no es novedoso, sino que se suma a una tendencia que venimos observando en los últimos años en torno a este tipo de infraestructuras, tanto en el ámbito europeo como a nivel internacional.
Los proyectos de nuevos aeródromos internacionales, por la magnitud y diversidad de sus impactos (sobre el medio, la geografía física o humana…) están suscitando enormes disputas y división entre la población y las autoridades. En este contexto, en las próximas semanas, vamos dedicar una serie de entradas del blog de CICrA a revisar algunos de los proyectos aeroportuarios más conflictivos en los últimos tiempos, como la fallida propuesta del aeropuerto de Notre- Dame-des-Landes en Francia, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México o la ampliación del aeropuerto londinense de Heathrow. Empezamos por este último.
La ampliación del aeropuerto de Heathrow
En el caso londinense de Heathrow, en 2018 el gobierno británico aprobó un plan para ampliar el aeropuerto, construyendo una tercera pista que aumentara la capacidad operativa de la instalación. Si la ampliación, con un coste aproximado de 14 mil millones de libras, se ejecutara podrían llegar 700 aviones más por día. La oposición a este proyecto estaba basada en las molestias que un mayor número de vuelos ocasionaría al vecindario de las zonas aledañas y, principalmente, en cuestiones ambientales, como el empeoramiento de la calidad del aire de la zona y especialmente el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde el momento en que se anunció, el proyecto se encontró frente a numerosos recursos en los tribunales. Grupos vecinales y ayuntamientos afectados presentaron batalla judicial, pero han sido Friends of the Earth y Plan B Earth, dos asociaciones sin ánimo de lucro, quienes han liderado la lucha contra el aeropuerto en los tribunales. En agosto de 2018 presentaron una demanda contra el Secretario de Estado de Transporte por entender que con su decisión de apoyar la ampliación estaba incumpliendo la obligación de perseguir el desarrollo sostenible, tal y como le exige la Ley de Planificación de 2008 en su artículo 10 (Norma aprobada por el Parlamento del Reino Unido, cuya función era rediseñar procesos y principios que permitieran acelerar el desarrollo de grandes proyectos de infraestructuras energéticas, de transporte e hidrológicas).
Además, los grupos demandantes argumentaron también que la nueva infraestructura era contraria al Acuerdo de París que había ratificado el gobierno y que, por tanto, obligaba al Secretario de Transportes. El tribunal de primera instancia no consideró que el demandado hubiera incumplido las exigencias de protección ambiental derivadas de la normativa nacional, como tampoco que estuviera obligado a seguir los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, los grupos demandantes recurrieron el fallo y el Tribunal de Apelación revocó la sentencia del tribunal inferior. Se consideró en esta segunda instancia que la ampliación no se había evaluado conforme a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y que por tanto el Secretario de Transportes incumplía su obligación de perseguir el desarrollo sostenible.
Por primera vez el incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París era tenido en cuenta por un tribunal para declarar ilegal la actuación de un gobierno nacional. Sin embargo, el proceso siguió avanzando y en tercera instancia la Corte Suprema del Reino Unido anuló la decisión del Tribunal de Apelación. Uno de los motivos fue que el Acuerdo de París todavía estaba siendo implementado en la normativa interna cuando el gobierno británico puso en marcha el plan de ampliación de Heathrow. Considera el tribunal que en ese momento los compromisos ambientales a seguir por parte del ejecutivo eran los recogidos por la Ley de Cambio Climático de 2008, y que estos, menos exigentes, sí que eran respetados.
La justicia ha dejado vía libre a la ampliación del aeropuerto, sin embargo, no está del todo claro que esta vaya a llevarse a cabo. Hay que recordar que el parlamento de Reino Unido fue el primero en aprobar, por unanimidad, una declaración de emergencia climática, que recomendaba alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para el año 2050. Pese a no ser una medida vinculante, se trata de una clara declaración de intenciones incompatible con la ampliación de la terminal londinense. Además, parece que la voluntad política ha cambiado o, al menos, la del actual gobierno. Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, es desde 2015 diputado en la Cámara de los Comunes por la circunscripción de Uxbridge y South Ruislip, uno de los barrios que se verían más afectados por la ampliación de Heathrow. Desde un primer momento se ha mostrado contrario al proyecto, por lo que parece difícil que mientras él sea quien dirija el gobierno la ampliación se lleve a cabo.
Pablo Carruez
Máster Universitario en Derecho Ambiental – Universitat Rovira i Virgili