En el marco de la colaboración con el Observatorio Ibérico de Minería, MINOB, desde la cooperativa CICrA Justicia Ambiental hemos estado investigando irregularidades en proyectos mineros situados en el Estado español. Durante el encargo, que inició en diciembre de 2023 y terminó en mayo de 2024, hemos analizado más de 100 casos relacionados con explotaciones mineras ubicadas en diferentes partes del territorio y que versan sobre una multitud de irregularidades de diferente naturaleza. Estos casos estarán disponibles para su libre consulta en forma de fichas explicativas indexadas en el mapa virtual interactivo que elabora el MINOB.
La minería, sector en conflicto con el medio ambiente y los derechos humanos
A menudo, cuando oímos acerca de conflictos ambientales y de vulneraciones de derechos humanos derivadas de actividades mineras, los casos que más resuenan en los medios de comunicación tienen que ver con grandes proyectos extractivos ubicados en el Sur-global. Actualmente, la mayoría se sitúan en países del continente Sudamericano, donde la industria del litio y otros metales pesados, relevantes para la transición energética, tiene grandes impactos en Chile, Brasil, Perú o Bolivia. Pero también en países de África, como es el caso de la República Democrática del Congo y su problemática con el Cobalto, o la extracción de petróleo en el Delta del Níger.
Más allá de estos grandes conflictos ambientales, cabe destacar que la minería nacional está lejos de ser respetuosa con su entorno y las personas que conviven con ella, sean trabajadoras de la misma explotación o vecinas de la zona donde se ubican los proyectos extractivos. Se tiene muy presente que los impactos, las implicaciones y las casuísticas de los conflictos internacionales mencionados responden a una multitud de circunstancias, como intereses geopolíticos o prácticas de expolio colonial, que los hace difícilmente comparables con los casos nacionales analizados. No obstante, las investigaciones realizadas a raíz de este encargo ponen de relieve que los impactos de la minería en el medio ambiente y los derechos humanos son una cuestión transversal allí donde se llevan a cabo los proyectos extractivos.
Con esta colaboración, desde CICrA Justicia Ambiental hemos tenido la oportunidad de conocer e investigar de cerca las problemáticas legales, sociales y ambientales que despiertan los conflictos mineros a nivel nacional. A menudo estas cuestiones no trascienden a los medios de comunicación porque involucran poderes fácticos de grandes capitales de inversión e incluso representantes públicos. Sin embargo, la falta de eco mediático no significa que los conflictos dejen de existir, sino que oculta sus consecuencias negativas y contribuye a que se sigan perpetrando. Por ello, tiene tanta relevancia investigar y denunciar las irregularidades y las implicaciones negativas que conlleva la minería nacional. Desde CICrA Justicia Ambiental entendimos que el análisis de estos casos era una cuestión de defensa de la dignidad del territorio y de apoyo a las resistencias locales que reivindican, día a día, los impactos negativos que los proyectos mineros tienen sobre sus vidas y su entorno, tanto natural como urbano.
Normativa y casuística
Del mismo modo que los impactos de la industria minera se hacen notar en diferentes ámbitos de su entorno, la normativa vulnerada de los casos estudiados también comprende un gran abanico de regulaciones. En este sentido, la investigación ha puesto de relieve que la problemática minera dista de ser una cuestión que sólo afecte estrictamente a aspectos ambientales.
De hecho, la mayoría de los casos investigados consisten en infracciones de normativa urbanística. Mientras que la explotación obtiene los permisos correspondientes a nivel nacional o autonómico, se obvian los requisitos legales de licencias urbanísticas y de actividad en ámbito municipal. Esta omisión de permisos a menudo resulta en que la actividad minera se acabe realizando en terrenos donde su clasificación urbanística no lo permite. Ya sea porque son suelos protegidos en planes urbanísticos o por su proximidad con los núcleos urbanos.
Estas situaciones a menudo conducen a un segundo escenario de infracciones, en este caso, por parte de los organismos municipales que deben velar por la aplicación de la normativa local. Durante la investigación ha sido recurrente encontrarse con casos en los que el ayuntamiento en cuestión ha optado por hacer la «vista gorda» o directamente permitir este tipo de irregularidades por parte de las explotaciones mineras dentro de su término municipal. Incluso, cuando la actividad minera conllevaba perjuicios para la salud de las vecinas de la localidad por la emisión de polvos, ruidos, proyección de escombros o grietas en las viviendas debido a vibraciones.
Sin embargo, también es cierto que el poder de capital y la influencia social de la industria extractiva en territorios de tradición minera puede ser muy grande, esto ha hecho que en algunos casos las autoridades locales se hayan visto coartadas o incapaces a la hora de poner fin y clausurar determinadas explotaciones irregulares, a pesar de contar con sentencias judiciales a favor.
La necesidad de cumplimiento con la normativa urbanística pone de relieve el importante papel que juega la ubicación de la explotación a la hora de determinar sus impactos. En este sentido, son frecuentes los casos de canteras con graves impactos adversos sobre entornos naturales protegidos, áreas de interés local, fauna y flora en peligro, yacimientos y patrimonio cultural, etc. Desde explotaciones que limitan con las áreas y bienes protegidos, hasta canteras que directamente traspasan sus límites y causan impactos directos sobre la zona.
Otro aspecto ambiental que destacar radica en la relación que existe entre las actividades mineras y los recursos hídricos, ya que varias etapas del proceso extractivo requieren el uso de agua. Por ello, muchas de las explotaciones investigadas se encuentran en las proximidades de algún río. Desde el enfriamiento de maquinaria, hasta el lavado de minerales, el agua utilizada debe ser debidamente tratada antes de ser devuelta al medio natural. Lo mismo ocurre con el agua que se filtra dentro de las explotaciones a cielo abierto. Sin embargo, se han encontrado multitud de casos en los que organizaciones vecinales y ambientales han denunciado vertidos contaminantes a los cauces de los ríos provenientes de explotaciones mineras. La casuística de estos vertidos es diversa, desde negligencias deliberadas, hasta filtraciones por falta de mantenimiento de las instalaciones, o por no adoptar las medidas de seguridad adecuadas. Cabe mencionar como agravante que a menudo estos aprovechamientos de recursos hídricos se llevan a cabo también sin contar con los permisos de las administraciones correspondientes establecidos por la Ley estatal de Aguas, o, en caso de tenerlos, sobrepasando las cuantías autorizadas.
Hay que hacer mención también a las infracciones de normativa que tienen lugar durante la tramitación de los proyectos. Entre ellas, durante la investigación las más frecuentemente identificadas han sido las negligencias relacionadas con los estudios de impacto ambiental (EIA), y la preceptiva declaración de impacto ambiental (AIA). Ambos trámites previstos en la Ley Estatal de Impacto Ambiental. En cuanto a los EIA, a menudo las empresas mineras optan por no incluir todos los impactos que en realidad tendría el proyecto que se quiere llevar a cabo. No prever deliberadamente afectaciones a fauna y flora autóctona o protegida, o subestimar el impacto paisajístico de la futura explotación son prácticas recurrentes en este sentido para que el organismo de control ambiental les apruebe el proyecto. Por otro lado, a la hora de ampliar el perímetro de las explotaciones o hacer cambios sustanciales a menudo las empresas mineras intentan omitir la correspondiente AIA.
La omisión de trámites de información y participación pública durante la tramitación y aprobación de los proyectos es también una de las negligencias más denunciadas por las vecinas de las zonas afectadas por proyectos de minería, así como las entidades ambientales que se oponen a ellos. En algunos casos estudiados las personas afectadas denuncian que se han enterado por la prensa, una vez terminado el periodo de información pública, que un nuevo proyecto minero tiene intención instalarse en su localidad. En la misma línea, muchas entidades ecologistas de defensa del territorio denuncian la omisión de los períodos de consulta y participación a las partes interesadas en la tramitación de los proyectos e, incluso en caso de ser consultadas, un caso omiso flagrante a sus alegaciones presentadas. Todo ello, en contravención del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Las situaciones expuestas son una breve síntesis representativa de las diferentes irregularidades encontradas en el transcurso de la investigación. Sin embargo, la casuística es tan diversa que no se puede incluir al completo dentro de esta publicación. La mala gestión de residuos, la vulneración de derechos laborales, el soborno a cargos públicos, desobediencia a las autoridades, el destrozo de terrenos fuera del perímetro permitido, la omisión del deber de restauración de la zona, o, incluso, amenazas a activistas ambientales, son también ejemplos de prácticas ilícitas en las que incurren algunas de las empresas mineras investigadas durante la colaboración de CICRA Justicia Ambiental con el MINOB.
Denuncia y resistencias locales de defensa del territorio
Ante el escenario descrito puede parecer que las irregularidades en la industria minera nacional son una patología endémica imposible de remediar. Si bien es cierto que son tendencias de difícil reversión, vale la pena destacar el trabajo que se hace desde los territorios por parte de las entidades ecologistas y veniales locales con el fin de frenar estas injusticias. En la mayoría de los casos estudiados, si las empresas extractivas han sido sancionadas o sus instalaciones clausuradas ha sido gracias a las denuncias provenientes desde la sociedad civil organizada, su trabajo incasable y a su dedicación constante.
Desde sus plataformas y entidades, personas concienciadas por la protección del medio ambiente y los derechos humanos luchan día a día por poner fin a la impunidad de la industria minera en su vulneración de derechos humanos y ambientales. En el marco de este proyecto CICrA Justicia Ambiental ha podido contar con colaboración organizaciones como Ecologistas en Acción Galiza, Bierzo Aire Limpio, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, y la Asociación de Ecologistas del Jarama, sin las cuales nos hubiera sido imposible profundizar en los casos investigados. Queremos aprovechar este espacio para darles las gracias y alentarlas en su importantísima labor de defensa del territorio y sus comunidades.