La justicia ambiental es una narrativa cada vez más reivindicada por movimientos ecologistas de ámbito local y global, como alternativa a la cada vez más desacreditada noción de desarrollo sostenible. Es una matriz de ideas que sirven tanto para explicar las diferentes manifestaciones de la crisis ambiental, como para fundamentar nuevos principios axiológicos, herramientas, estrategias y prácticas sociales y jurídicas para la defensa del ambiente y la justicia social.
La noción de justicia ambiental nace en Estados Unidos a finales de la década de los setenta con la emergencia de unos movimientos sociales, ligados a los colectivos de defensa de los derechos civiles de minorías raciales, que ponen sobre la mesa el problema de la distribución de los riesgos y los impactos ambientales. A partir de la constatación de la tendencia institucionalizada a la discriminación racial y socioeconómica en la distribución territorial de las instalaciones nocivas y peligrosas, estos movimientos impugnaban la premisa universalista dominante de que la crisis ambiental global afecta de forma igual a todos los seres humanos.
La justicia ambiental trata también de la legítima pretensión de permanecer en el lugar y entorno al cual se pertenece, a encontrar protección frente al crecimiento e inversión desbocados, la contaminación, el acaparamiento de tierras, la especulación, la desinversión y el abandono institucional. No es una pretensión planteada como una reivindicación NIMBY (No en mi patio trasero), sino como una aspiración de justicia generalizable a todo el mundo, NIABY (No en el patio trasero de nadie). En ese sentido plantea cuestiones estructurales. Promueve un cambio de paradigma sobre los desechos tóxicos y los riesgos tecnológicos. Entendidos como evidencias de la irracionalidad del sistema productivo, nos insta no tanto a gestionarlos como a evitarlos.
Por otro lado, en el ámbito de las transiciones energéticas que nos reclama el actual contexto, el paradigma de la justicia ambiental no se conforma con el mero recambio tecnológico y somete a cuidadoso escrutinio las dinámicas de distribución (territorial y social) de beneficios, pasivos ambientales y poder asociadas a estos procesos.
En los últimos tiempos, se ha acuñado la noción de justicia ambiental global para explicar las desigualdades Norte-Sur en la distribución de las cargas y beneficios del metabolismo social global, concepto, este último, que expresa y mide los intercambios de materia y energía que sustentan la reproducción de los sistemas sociales. Influido por las matrices teóricas basadas en la noción de sistema-mundo (Wallerstein), el discurso de la justicia ambiental global se ocupa de explicar y revertir las existentes inequidades en la distribución de los beneficios y pasivos ambientales del capitalismo global, sostenidas y reproducidas a través del orden institucional económico internacional. La preocupación ya no radica solo en las dinámicas comerciales a través de las cuales los beneficios del capitalismo mundial se concentran en las regiones del centro del sistema, ni tampoco solo en la concentración de pasivos ambientales en determinadas regiones o sectores de la población más vulnerable, sino también en las dinámicas a través de las cuales se despliega esta relación inversamente proporcional. Este paradigma, pues, aborda la crisis ambiental a partir de la observación de que la concentración de beneficios del capitalismo mundial se sostiene sobre una serie de procesos que trasladan territorialmente los pasivos asociados a estos.
La injusticia ambiental global se manifiesta, por ejemplo, en las características de los modelos productivos en que las sociedades periféricas basan sus economías nacionales, sujetas a la presión del sistema de división internacional del trabajo: extracción masiva de recursos naturales, industrias peligrosas, industrias convencionales sujetas a bajos estándares ambientales, almacenamiento de residuos, etc. También se manifiesta en que los países que menos han participado históricamente de los beneficios del capitalismo global son actualmente los más vulnerables (ecológica, social y económicamente) frente a las degradaciones de los bienes comunes globales y, especialmente, frente al cambio climático.
CICrA es CICrA Justicia Ambiental justamente porque queremos hacer énfasis en esa dimensión distributiva de la crisis ambiental. Queremos visibilizar cómo esta crisis agrava las vulnerabilidades y las injusticias sociales que se reproducen desde hace siglos. No solo aspiramos, pues, a defender la naturaleza, sino que para nosotras es también prioritario defender los derechos de las personas, la justicia social y la democracia degradados por la crisis ambiental.
